Pedro Anguita analiza constitucionalidad del nuevo decreto sobre interceptación de comunicaciones telefónicas

Martes 12 de septiembre de 2017

En una entrevista con Digital FM, Pedro Anguita, abogado, doctor en Derecho de la Información y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, comentó los alcances del decreto de gobierno que amplía de uno a dos años el plazo obligatorio para que las empresas de telefonía guarden datos de llamadas y mensajes de usuarios.


Con esto se busca tener un mayor acceso a información para investigaciones policiales. Dicha información se refiere a los metadatos, es decir, el número desde el cual se marcó una llamada, el destinatario, qué antena se ocupó al realizarla, entre otros detalles.  


La noticia del decreto se supo a través de la prensa, lo que a juicio de Anguita es criticable. “Lo que más llama la atención de este decreto enviado a la Contraloría es el sigilo. Se supone que la actividad normativa del Estado tiene que estar sujeta a la deliberación pública. Es decir, avisar que se está haciendo una determinada iniciativa”, sostuvo.


Si bien señala que el tráfico de comunicaciones ha servido para investigaciones criminales, “cuando estamos hablando de la regulación y desarrollo normativo de garantías constitucionales uno esperaría un debate más abierto e informado del que tuvimos”, dijo. 


A su juicio, con esta obtención de datos “hay una vulneración a los derechos fundamentales, porque el hecho de saber a quién llamas por teléfono está comprendido dentro del secreto de las comunicaciones. Saber con quién hablas y las veces que hablas, la duración de la llamada son cuestiones que también afectan los derechos fundamentales”, explicó. 


La situación que más alerta ha generado en torno al decreto es la posibilidad de acceder a esta información sin la necesidad de una orden judicial emitida por el Tribunal correspondiente.


También se refirió a este punto el académico. “La redacción de decreto supremo es ambigua. Se podría pensar que otro órgano de las fuerzas de orden y seguridad, como Carabineros y PDI, pueden acceder a estos datos. Hoy el organismo facultado es el Ministerio Público, autorizado judicialmente en causa probable”, sostuvo.