Sesión de ADEPRO analizó la causa judicial "Dirección Nacional del Trabajo con Banco BCI"
Miércoles 6 de junio de 2018



En su segunda actividad del semestre, la Academia de Derecho Procesal invitó a los profesores Hernán Corral, académico de Derecho Civil; Alfredo Sierra, profesor de Derecho Laboral; y a Gonzalo García, docente de Derecho Penal, quienes analizaron la causa judicial “Dirección Nacional del Trabajo con Banco BCI”, en la que los trabajadores utilizaron como medio probatorio una grabación de una reunión privada.

El profesor Corral argumentó que era necesario analizar lo dispuesto por la regla cuatro, del artículo 453 del Código del Trabajo, que establece la validez de las pruebas. A su parecer, la resolución de la Cuarta Sala de la Corte Suprema contiene una interpretación errónea de lo señalado en la ley, por no considerar la grabación realizada por los trabajadores en el marco de una reunión informativa con el ejecutivo de la empresa, como una prueba ilícita.

El profesor Alfredo Sierra señaló que lo relevante es conocer que los procesos de negociación colectiva constan de varias etapas, que no en todas se exige guardar reserva y confidencialidad, y que lo determinante es atenerse al concepto de buena fe. En su opinión, no es posible clasificar como prueba ilícita el video en cuestión, debido a que los hechos ocurrieron en el marco de una reunión meramente informativa, y que por tanto, los antecedentes entregados en ella no quedan sujetos al deber de confidencialidad.

Por último, el profesor Gonzalo García analizó las posibles razones para excluir de un proceso ciertos tipos de pruebas y planteó la hipótesis de que en ciertos casos sea admisible una prueba ilícita relevante para la resolución de una causa judicial. Desde su punto de vista, es necesario ponderar los intereses que están en juego en el caso concreto para evaluar si la prueba puede ser utilizada y tener valor probatorio en juicio. En cualquier caso, descartó que en la causa judicial analizada se incurra en el tipo penal descrito en el artículo 161 del Código Penal.