Autoridades y expertos debaten impacto fiscal y desafíos del FES en encuentro en la Uandes

Autoridades universitarias, representantes del Gobierno, especialistas en educación y economistas coincidieron en un punto central: el país enfrenta una decisión crucial respecto al futuro del financiamiento de la educación superior. En el encuentro “Impacto y riesgos fiscales del FES”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se analizó, desde distintos ángulos, el Proyecto de Ley que crea el Fondo de Educación Superior (FES), con especial atención en sus riesgos fiscales, su impacto sobre las universidades y las condiciones de sostenibilidad que requiere para reemplazar al actual CAE.

Entre los asistentes al conversatorio estuvieron presentes los senadores Rodrigo Galilea (RN), Gustavo Sanhueza (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Javier Macaya (UDI); Carolina Navarrete, asesora legislativa del Senado; Alfonso Vial, jefe de gabinete de la Cámara de Diputados; Angélica Bosch, secretaria General del Cruch y Gloria Herrera, encargada del área jurídica de este organismo; Cristián Larroulet, ex Ministro y académico UDD; Juan Eduardo Vargas, rector Universidad Finis Terrae; Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar; José Pedro Undurraga, miembro de la Junta directiva de AIEP, UDLA y UNAB; Mónica Quiroz,  jefe división Santiago de UFRO; Miguel Bejide, de Acción Educar; Gabriel Ugarte, investigador CEP; Álvaro García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Sebastián Claro, académico de la Facultad, entre otros.

José Antonio Guzmán, Rector de nuestra casa de estudios, abrió la discusión sosteniendo que el FES plantea interrogantes esenciales, como la sostenibilidad financiera del sistema: “No podemos prescindir totalmente del financiamiento privado en educación superior. Debemos preguntarnos qué papel queremos que cumpla el Estado, si debe financiar de manera más contundente a las universidades o avanzar hacia un esquema más equitativo”, comentó.

En materia fiscal, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue categórico en advertir que los riesgos de la inacción superan a los del propio proyecto. “Por lejos, el mayor riesgo fiscal es no hacer nada”, afirmó y recordó que el sistema actual hace tiempo dejó de funcionar y que los bancos privados dejaron de participar en él. “Estamos en una situación estresante en términos fiscales, pero seguir igual es peor. El momento político para avanzar es ahora, porque estas reformas son difíciles y requieren acuerdos”.

La directora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez, subrayó que el Estado destina cerca de US$800 millones anuales al CAE y que cualquier reforma debe considerar esa base. “No estamos legislando sobre una página en blanco”, advirtió. Sostuvo que el FES mejora la posición fiscal y actualiza un sistema que ha perdido participación del sector privado. Sin embargo, reconoció que el FES presenta desafíos conceptuales: “Es un instrumento financiero que no existe hoy; no es simplemente un préstamo. Eso explica parte de la discusión pública”. Para Martínez, el proyecto recoge aprendizajes de diferentes administraciones y constituye un paso necesario tras años de debate sobre créditos estudiantiles.

Los economistas invitados aportaron visiones diversas. Ignacio Briones caracterizó el FES como “un nuevo impuesto a los graduados” y cuestionó sus incentivos. Señaló que, según estudios, “el 40% de los graduados terminará pagando más que si toma un crédito tradicional”, lo que, a su juicio, constituye “mala política pública”, pues genera distorsiones para personas y universidades. También advirtió un déficit de US$500 millones en la primera década de implementación. “Gobernar es priorizar. Debemos preguntarnos cuántos beneficios queremos financiar en un país con pobreza y déficit de vivienda. No podemos decir que el proyecto hace magia y cuesta menos de lo que realmente es”.

Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coincidió en la necesidad de una reforma, pero llamó a tomar cautela frente a los riesgos. “El proyecto es necesario, pero genera una dependencia excesiva del Estado y reemplaza recursos privados por públicos”, indicó. También criticó la ventana de análisis fiscal del proyecto: “Un informe financiero a 10 años es insuficiente para un proyecto de esta magnitud; no alcanza a estabilizarse”. Repetto insistió en que la discusión debe ser más amplia e incluir aspectos ausentes, como la regulación de los aranceles.

Por su parte, Matías Acevedo, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuestionó la estructura financiera del FES y los supuestos que sustentan su equilibrio. “Si este sistema fuera un crédito, su tasa de interés sería menor que cero”, afirmó. Y señaló que el proyecto asume una morosidad de 0%, algo que consideró irrealista. “Si ponemos una morosidad del 10%, el flujo cambia radicalmente”. A su juicio, el sistema está construido “para que se pague”, pero sobre bases discutibles y con un costo fiscal que podría alcanzar US$2.600 millones en el largo plazo. También advirtió que cualquier subestimación del costo terminará afectando a los estudiantes: “Si no minimizamos los costos, los perjudicados serán los alumnos”.

En la ronda final, las preguntas giraron en torno a las alternativas al CAE, la posibilidad de introducir copagos, los mecanismos para mejorar la recaudación y la necesidad de reprogramar o condonar deuda acumulada. Se debatió también sobre la evolución del arancel de referencia, que -según Acevedo- podría aumentar un 40%, es decir, “250 millones de dólares que no tenemos”.

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