Facultad de Derecho obtiene cinco proyectos Fondecyt Regular 2026 y consolida su aporte a la investigación jurídica

La Facultad de Derecho obtuvo cinco proyectos adjudicados en el Concurso Fondecyt Regular 2026, contribuyendo de manera significativa al total institucional de 21 iniciativas seleccionadas a nivel universitario.

De acuerdo con los resultados publicados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) el pasado 23 de enero, la Uandes alcanzó una tasa de adjudicación de 32,3%, con 21 proyectos seleccionados de un total de 65 postulaciones, desempeño consistente con el promedio histórico del sistema nacional Fondecyt.

En un escenario marcado por el aumento sostenido de postulaciones y una mayor competencia entre instituciones, los resultados reflejan el posicionamiento de la universidad en áreas estratégicas como biomedicina y derecho, así como el fortalecimiento progresivo de su investigación académica.

Proyectos adjudicados de la Facultad de Derecho

Las iniciativas seleccionadas abordan problemáticas centrales del derecho público, privado, laboral y penal, con impacto directo en el funcionamiento de las instituciones, la protección de derechos y el desarrollo económico.

Rosa Fernanda Gómez lidera el proyecto “Reconstrucción dogmática de la potestad sancionadora de la Administración en Chile: fundamentos, principios y equilibrios”, que propone un análisis integral del derecho administrativo sancionador. La investigación busca superar los vacíos regulatorios existentes y reducir la actual dependencia de categorías propias del derecho penal, avanzando hacia una disciplina con identidad propia que permita compatibilizar la eficacia de la Administración con la protección de los derechos fundamentales. La coinvestigadora de este es la profesora Daniela Rivera Bravo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Por su parte, el profesor Pablo Manterola se adjudicó el proyecto “El aporte en las sociedades de profesionales”, centrado en el estudio crítico del régimen jurídico del aporte en este tipo de empresas. La investigación analiza la tensión entre el concepto tradicional de capital social y formas contemporáneas de inversión como el trabajo directo, la reputación o el know-how, proponiendo una reconstrucción conceptual que refleje de mejor manera la realidad económica y organizativa de las sociedades profesionales. En esta iniciativa participa como coinvestigador el profesor Manuel Bernet.

El académico Alejandro Romero encabeza el proyecto “La partición arbitral de bienes como obstáculo al acceso a la justicia”, que examina las limitaciones del actual régimen de partición arbitral frente a comunidades pequeñas y patrimonios altamente fragmentados. El estudio busca diseñar mecanismos más económicos y expeditos, incorporando procedimientos simplificados con supervisión judicial que faciliten la liquidación de bienes comunes y mejoren el acceso efectivo a la justicia.

En el ámbito del derecho laboral, Alfredo Sierra lidera la investigación “La participación económico-financiera de los trabajadores en la empresa: su manifestación en las remuneraciones”. El proyecto analiza distintas formas de participación en los resultados empresariales —como gratificaciones, bonos de incentivo, participación en utilidades y planes de compensación en acciones— con el objetivo de aportar al desarrollo teórico y práctico del derecho del trabajo y proponer modelos que fortalezcan la motivación y el compromiso de las personas trabajadoras.

Finalmente, el profesor Gonzalo García Palominos obtuvo financiamiento para el proyecto “Estatuto de responsabilidad penal de las personas naturales y jurídicas en el contexto de los grupos empresariales: la responsabilidad penal de los sujetos dominantes”. La investigación aborda el complejo problema de la imputación penal en estructuras empresariales integradas por múltiples sociedades, donde las decisiones y su ejecución se distribuyen entre distintos niveles y entidades del grupo.

El estudio analizará si los criterios actuales del derecho penal —tanto en su parte general como en los delitos económicos y en la responsabilidad penal de las personas jurídicas— permiten dar respuesta adecuada a este fenómeno. Participan como coinvestigadores la Dra. Diva Serra (Universidad de Concepción) y el profesor Dr. Lautaro Contreras (Universidad de Chile).