Egresado del Doctorado en Derecho publica libro sobre los desafíos y propuestas para el servicio público prestacional en Chile

El abogado y doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, Luis Alfonso Herrera, acaba de publicar el libro El servicio público prestacional: nueva interpretación y propuestas de solución en el derecho administrativo chileno, una obra que aborda de forma profunda y sistemática los problemas jurídicos que enfrenta esta figura en el contexto normativo actual, y que propone una reinterpretación orientada a mejorar su coherencia y aplicabilidad práctica.

El texto parte por rastrear la evolución normativa y doctrinaria del concepto de “servicio público” en Chile, distinguiendo entre sus expresiones orgánica y prestacional, y analizando su tratamiento frente a otras figuras jurídicas similares. A partir de esta base, el autor identifica un problema estructural que afecta al servicio público prestacional (SPP): su regulación mediante un régimen jurídico concesional, cuando debiera tratarse como una actividad sujeta a autorización.

La segunda parte del libro examina los efectos concretos que esta incoherencia genera, tanto en el ámbito de la supervisión estatal como en la seguridad jurídica de los proveedores privados de prestaciones calificadas legalmente como servicios públicos. Herrera revisa las respuestas que ha ofrecido la dogmática nacional al respecto, destacando sus limitaciones y proponiendo una vía alternativa.

La propuesta central del autor es una nueva interpretación del SPP basada en la figura del Estado garante, la supervisión basada en riesgos y un marco jurídico que permita la articulación público-privada sin perder la esencia de la función pública. Su enfoque busca hacer compatibles la liberalización de servicios esenciales con los principios del derecho administrativo, evitando tanto la asimilación automática de los prestadores privados al Estado como una “republificación” innecesaria de estas prestaciones.

Este trabajo, prologado por el académico Jaime Arancibia Mattar, está dirigido tanto a investigadores como a quienes asesoran, regulan o resuelven controversias en sectores abiertos a la iniciativa privada, en los que se presta algún servicio calificado por ley como público.