El caso destaca la importancia de la vigilancia y aplicación de las regulaciones y también el papel de las autoridades en la prevención de prácticas que comprometan el bienestar social y ambiental.
El académico e investigador la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Jorge Alé-Chilet realizó recientemente una investigación que aborda un caso de colusión entre tres fabricantes de automóviles alemanes: BMW, Daimler y Volkswagen, quienes manipularon las regulaciones medioambientales relacionadas con las emisiones de los autos diésel.
Entre 2006 y 2014 estas tres marcas acordaron limitar el desarrollo y la implementación de tecnologías para reducir las emisiones contaminantes de sus vehículos diésel y bencina. Este pacto técnico, conocido como “cartel de las emisiones”, fue sancionado por la Comisión Europea en 2021, imponiendo multas por un total de 1.000 millones de euros. Daimler fue eximida de la multa tras revelar la existencia del cartel a las autoridades.
La investigación de Alé-Chilet “Colluding against Environmental Regulation”, fue realizada en colaboración con los investigadores Cuicui Chen, Jing Li y Mathias Reynaert, quienes analizaron cómo estas empresas acordaron reducir el tamaño de los estanques de AdBlue, un líquido utilizado para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en los autos diésel, ya que esta medida permitía aumentar el espacio en la maleta de la auto- característica muy apreciada por los consumidores- pero a costa de una mayor contaminación ambiental. La investigación revela que la colusión no se centró en la fijación de precios, sino en la manipulación de las características técnicas de los autos para eludir las regulaciones medioambientales.
“Aunque las empresas podrían haber incumplido las normas de forma individual, su colusión redujo significativamente el bienestar social. El análisis estima que los beneficios colusivos para los fabricantes y los consumidores fueron superados por los daños ambientales y de salud, con un costo neto de bienestar entre 2.51 y 0.73 mil millones de euros y daños al resto de la sociedad por un valor de 1.63 y 4.28 mil millones de euros”, explica Alé-Chilet.
El académico agrega que este caso resalta la importancia de la vigilancia y aplicación estricta de las regulaciones medioambientales, así como el papel crucial de las autoridades de competencia en prevenir prácticas empresariales que comprometan el bienestar social y ambiental. El investigador de la Facultad también destaca que, aunque las empresas podrían haber incumplido las normas de forma individual, su colusión redujo significativamente el bienestar social.
Para escuchar la entrevista completa a este investigador sobre este tema, puedes escuchar aquí el podcast que está Spotify.
