Miradas políticas, económicas y sociales analizaron el Sistema de Admisión Escolar (SAE)

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) fue evaluado -en un seminario organizado por el Human Development Lab -por tres voces clave del debate educacional chileno: Alejandra Arratia, subsecretaria de Educación; Raúl Figueroa, exministro de Educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAB y Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP).

La subsecretaria Arratia destacó como uno de los principales logros del SAE su consolidación como mecanismo transparente y eficiente de asignación de vacantes escolares. “El sistema ha asegurado la no discriminación arbitraria, eliminando prácticas excluyentes y promoviendo la inclusión, especialmente de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). También hay tensiones importantes, como la rigidez que el sistema presenta frente a casos excepcionales y que no permite la selección académica en liceos de alta exigencia, déficits en la accesibilidad digital y en el entendimiento del proceso por parte de las familias”, detalló. Arratia comentó que la introducción del SAE ha posibilitado avanzar en mayor eficiencia, objetividad y en la generación de información para estudiar las preferencias de las familias y gestionar la disponibilidad de cupos. Pero, en paralelo, el sistema presenta debilidades susceptibles de ser abordadas mediante ajustes normativos y operacionales. Sus limitaciones actuales no invalidan su arquitectura, sino que refuerzan la necesidad de introducir mejoras en su funcionamiento para otorgarle mayor legitimidad.

Para el exministro de Educación, el origen del SAE se dio en el contexto de un proceso político que buscó eliminar la selección, el lucro y el financiamiento compartido, priorizando lo estructural por sobre lo pedagógico. “Este enfoque dejó sin resolver los problemas de fondo del sistema educativo, generando insatisfacción entre las familias cuando no logran acceder a sus colegios preferidos”, explicó Figueroa, quien también advirtió sobre la eliminación de mecanismos de excepción, como la selección por mérito o afinidad con el proyecto educativo. Para él, la solución no está en desechar el SAE, sino en ajustar el sistema para incorporar criterios que reconozcan la libertad de enseñanza y las particularidades de cada establecimiento.

Desde el CEP, la investigadora Sylvia Eyzaguirre valoró que el SAE permita a las familias postular libremente, priorizando sus preferencias y evitando discriminaciones arbitrarias. Sin embargo, subrayó que la satisfacción de éstas depende en gran medida del resultado del proceso: quienes no quedan en sus primeras opciones manifiestan una menor aprobación. Eyzaguirre también cuestionó las críticas en torno a la imposibilidad de seleccionar por proyecto educativo, señalando que solo un pequeño porcentaje de establecimientos (11%) concentra la sobredemanda y podría aplicar criterios selectivos. “El problema de fondo no radica en el mecanismo de asignación, sino en la falta de una oferta educativa pública suficientemente atractiva para las familias”, concluyó.