Martes 12 de Mayo de 2026

Seminario IurisPrudentia abordó la responsabilidad del Estado por falta de servicio

El viernes 8 de mayo se realizó una nueva sesión del Seminario Iurisprudentia de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, instancia en la que el profesor Jaime Arancibia Mattar expuso sobre “La responsabilidad del Estado por falta de servicio”.

Durante su presentación, el académico analizó la evolución de esta figura jurídica incorporada en Chile a través de las leyes N° 18.575, 18.695 y 19.966, explicando que esta forma de responsabilidad surge cuando el Estado no funciona debiendo hacerlo, o bien actúa de manera irregular o tardía.

El profesor Arancibia destacó que la noción de “falta de servicio” representó un avance importante al permitir imputar responsabilidad directamente al Estado, prescindiendo de la responsabilidad individual de sus funcionarios. Sin embargo, sostuvo que actualmente la figura presenta dificultades prácticas debido a la ambigüedad con que han sido interpretados los conceptos de “falta” y “servicio” tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Según explicó, esta diversidad de interpretaciones ha generado distintos regímenes jurídicos aplicables, produciendo incertidumbre jurídica e indefensión para las personas afectadas.

Como propuesta para enfrentar este problema, el expositor planteó distinguir los distintos títulos de imputación que se encuentran bajo la expresión “falta de servicio”, diferenciando entre responsabilidad aquiliana y responsabilidad obligacional. La primera, señaló, corresponde a situaciones en que el Estado incumple un deber legal de interés público que ocasiona daños a terceros, mientras que la segunda se refiere a casos en que el Estado infringe una obligación legal vinculada a un derecho concreto del particular afectado, como ocurre en materias médicas, educacionales o tributarias.

Finalmente, el académico destacó que esta distinción —que ya ha sido reconocida en parte por la Corte Suprema— permitiría ordenar el debate jurídico, clarificar las cargas probatorias en cada caso y avanzar hacia un sistema de responsabilidad estatal más coherente y predecible.



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