Los Proyectos de Ley, actualmente en discusión en el Congreso, pretenden dar una regulación jurídica integral y una institucionalidad novedosa en materia de infancia.
“Es vital estar al día en temas relevantes en materia de legislación referente a infancia y adolescencia para los profesionales que trabajan en áreas de familia”, explica Jimena Valenzuela del Valle, directora del Instituto de Ciencias de la Familia (ICF) UANDES, en el conversatorio “Reflexionando sobre los proyectos de ley de niñez y adolescencia”.
En el encuentro, organizado por el directorio de alumni del ICF, se habló, principalmente, de dos de los Proyectos de Ley más relevantes que están en estos momentos en discusión en el Congreso: el que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que busca ser una ley marco para la aplicación de políticas públicas de la niñez que ha sido vulnerada en sus derechos, reformando el actual Sename, ampliamente cuestionado.
Estos Proyectos de Ley pretenden dar una bajada concreta y necesaria a los preceptos consagrados por la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace 30 años. Ambos proyectos ponen énfasis en la consideración de los niños y adolescentes como sujetos de derechos y en la protección de estos últimos. Asimismo, enfatizan el rol del Estado como principal garante del efectivo respeto de esos derechos.
En el conversatorio se habló de la necesidad de compatibilizar y armonizar ciertos principios esenciales en materia de infancia, como son: la autonomía progresiva del niño y el derecho y deber preferente de los padres y/o madres a orientar y educar a sus hijos, de manera de asegurar su interés superior. “Tenemos que lograr un equilibrio entre la autonomía progresiva que se refiere al reconocimiento de que los niños, a medida que crecen, deben ser cada vez más autónomos para tomar sus propias decisiones, y el respeto al derecho preferente de los padres de educar, orientar y guiar a sus hijos para que alcancen la plenitud de su desarrollo. Los padres debieran ser los primeros encargados de proteger los derechos de los niños y es necesario partir de la presunción de que lo hacen y de que quieren lo mejor para sus hijos”, comenta Jimena Valenzuela.
En el conversatorio se manifestó la preocupación de que el Estado asuma un rol intrusivo y abusivo en aras de proteger los derechos de los niños, vulnerando el derecho fundamental que ellos tienen de vivir en familia y de ser cuidados en el seno de ésta. “El Estado debe ayudar a la familia a cumplir de la mejor manera con su misión, no a sustituirla“, detalló la directora del ICF.
